«El hambre es un crimen»: organizaciones sociales de San Luis denuncian el cierre de “Volver al Trabajo”

Este martes 7 de abril, organizaciones sociales, piqueteras y de la economía popular llevaron adelante una jornada con diversas acciones de visibilización en distintos puntos del país. La medida se enmarcó en el rechazo al cierre del programa “Volver al Trabajo”, dispuesto por el gobierno de Javier Milei.

De esta forma, se denunció el impacto que la eliminación de esta política pública tiene sobre miles de trabajadores y trabajadoras que dependen de estos programas para sostener sus ingresos en un contexto de creciente crisis económica y pese al irrisorio monto que perciben de $78 mil pesos mensuales.

En la ciudad de San Luis el Movimiento Evita, la Corriente Clasista Combativa CCC, Libres del Sur y la Federación Nacional Territorial FeNat, realizaron una conferencia de prensa donde advirtieron que la medida afectará de lleno a los sectores populares y convocaron a una movilización para este martes 07

Carolina Lucero, integrantes de Libres del Sur, alertó que el cierre ya fue oficializado. Recordó que el plan nació en 2016 con la ley de emergencia social y arrancó en 2017 durante la presidencia de Mauricio Macri, y aunque después cambió de nombre, se mantuvo vigente hasta ahora.

Lucero criticó que el monto de 78 mil pesos quedó congelado a pesar de que originalmente se ajustaba por salario mínimo, y sostuvo que la inflación licuó su poder adquisitivo. Aun así, remarcó que era un ingreso fijo que llegaba todos los 5 de cada mes. Desde el Ministerio de Capital Humano confirmaron que el 9 de abril será el último pago.

Por su parte, Cecilia Betervide, integrante de la CCC, explicó que el programa no era un simple subsidio, sino un salario social con contraprestación: les beneficiaries sostenían comedores, merenderos y espacios barriales. Sin cifras oficiales precisas, Betervide estimó que en San Luis unas 5.000 personas quedan fuera y que la provincia dejará de recibir cerca de 400 millones de pesos mensuales.

Betervide, además advirtió que el golpe no solo lo sentirán las familias, sino también los almacenes de cercanía, donde muchos vecinos y vecinas compran fiado y pagaban cuando cobraban el programa. Sobre la alternativa del Gobierno, cuestionó duramente los bouchers para capacitaciones online, inaccesibles para quienes no tienen conectividad, y denunció que ese dinero terminará en manos de empresas privadas en lugar de llegar a las personas que necesita comer.

Jessica Guzmán, integrante de Fenat, describió el impacto cotidiano. «El hambre es un crimen», disparó, y contó que para ella, como sostén de familia, la pérdida de esos 78.000 pesos es un golpe durísimo. Explicó que muches vecines viven exclusivamente de ese ingreso, y que ella misma tuvo que dejar su trabajo de estilista porque las personas ya no puede pagar esos servicios. Además, criticó la falta de ayuda del gobierno provincial: cuando van a pedir mercadería, les niegan asistencia por vivir en barrios populares. También habló de la estigmatización que sufren quienes salen a reclamar, pero afirmó que la protesta es la única herramienta que les queda para defender sus derechos.

Finalmente, Mariela Cros, del Movimiento Evita, anunció las medidas de fuerza: este martes a las 12 del mediodía se concentrarán en el Puente Blanco con una olla popular para visibilizar la situación. Carolina Lucero cerró la conferencia señalando que la protesta no será solo en San Luis, sino que se replicará en todo el país con cortes, asambleas y movilizaciones.