«La tierra no se negocia», la palabra de las mujeres defensoras de los bienes comunes de San Luis en el Día de la Pachamama

Cada 1 de agosto, los pueblos andinos celebran a la Pachamama en un ritual de agradecimiento a la tierra que da vida. Este año, la fecha llega en un contexto donde esa relación de reciprocidad está bajo ataque: gobiernos extractivistas en toda la región profundizan un modelo que convierte al agua, al monte y al territorio en mercancía. En Argentina, el Gobierno de Javier Milei avanza con la desregulación ambiental, el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones y, ahora, con la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada. En San Luis, el Régimen Integral de Promoción del Desarrollo Económico y del Empleo (RIPEE) le otorga al Poder Ejecutivo provincial amplias facultades para disponer de tierras fiscales, en sintonía con esa misma lógica.

Frente a ese escenario, son las mujeres quienes sostienen buena parte de la organización socioambiental a lo largo y ancho de Abya Yala. Desde las asambleas vecinales hasta las comunidades originarias, ellas ponen el cuerpo en la defensa del territorio, sistematizan el conocimiento local, construyen redes de cuidado colectivo y enfrentan, muchas veces en soledad, la estigmatización y el hostigamiento que conlleva denunciar a los poderes económicos y políticos. Esa tarea, sostenida generación tras generación, es la que la Pachamama convoca a agradecer y también a proteger.

En ese marco, desde La Bulla consultamos a mujeres integrantes de distintas asambleas socioambientales de la provincia: ¿qué significa hoy defender el agua, la tierra y los bienes comunes en San Luis, con el RIPEE avanzando en la Legislatura provincial y el intento de Milei de avanzar con la ley de inviolabilidad privada que atenta contra nuestra soberanía del  país? Estos son sus testimonios:

Silvia Tadey, de la Asamblea por el Agua del Nordeste de San Luis, liga directamente la fecha con la agenda legislativa que se viene: «Primero de agosto, día de nuestra tierra, sumado a nuestros bienes comunes, ligándolo a lo que va a ser el 6 de agosto, cuando el Senado va a tratar el proyecto de ley de inviolabilidad de la propiedad privada. Pensamos, desde la Asamblea del Agua del Nordeste de San Luis, que es un proyecto hecho a la medida de los tecnomagnates, porque si esta ley se aprueba, al igual que en nuestra provincia ya se hizo con el RIGI y se va a hacer con el RIPEE, se va a poner en riesgo no solamente nuestra soberanía, sino todo lo que incorporan nuestros territorios, nuestros bienes comunes, profundizando la concentración de la tierra, del agua, del monte, poniendo en peligro también la cuestión de los incendios. Por lo tanto, decimos que nuestra tierra no se negocia, que nuestros montes no se sigan desmontando y que nuestros bienes comunes son comunes, nos pertenecen, y eso es lo que tenemos que defender como una conquista soberana como país. Sumado a eso, tenemos que decir que cada vez el uso del suelo está siendo más extranjero y además más sobreexplotado; es claro que el modelo provincial, el modelo nacional y los modelos locales en San Luis están íntimamente relacionados. Estamos atentas, unidas, y el apoyo que necesitamos para que estas cuestiones no nos sigan avanzando es la toma de conciencia por parte de toda la ciudadanía, todos los actores, todos los sujetos de esta historia, quienes habitamos la provincia de San Luis, para que estemos alertas, porque lo que está sucediendo es gravemente peligroso. La tierra, el agua, el monte, reiteramos, son bienes comunes, no le pertenecen ni a los senadores ni a los diputados. Soberanamente, los territorios son del pueblo que los habita, del pueblo que comparte su identidad, que comparte la idea de que no todo es mercancía y de que los bienes comunes no son mercancía».

En la misma línea, Cecilia Sustersic, de la Asamblea Socioambiental El Trapiche y de Cielos Limpios en América – Monitor Ambiental (CLAMA), amplía la mirada desde lo personal hacia lo colectivo y lo político: «En la esfera personal significa conectar, agradecer y dimensionar el valor del agua, la tierra, el aire y el fuego, los elementos sagrados que sostienen nuestra vida y la de todos los seres vivos con los que compartimos este hogar tierra, y honrarlos desde el servicio y el cuidado. En la esfera social, implica estructurar la vida con espacio y tiempo concretos para la tarea de tejer y sostener redes, construir vínculos y comunidades desde donde podemos organizar alternativas de vida, de siembra, de alimentación, y acciones para manifestarnos y defender los recursos naturales, que en realidad son los bienes comunes esenciales a toda la vida en la tierra, presente y futura. En el contexto actual, significa accionar superando la impotencia y la angustia por la necedad y el egoísmo de quienes gobiernan el país, que están dando vuelta acuerdos mínimos logrados con mucho esfuerzo: con el RIGI, con las modificaciones a la Ley de Glaciares, y ahora con la pretensión sobre las tierras argentinas, se acelera la entrega de nuestra soberanía y del control de la economía del país y de nuestras vidas… y en eso estamos».

Desde el fundamento de esa defensa, Erica Cortez, integrante de la Asamblea por la Preservación del Bosque Nativo La Punta, es categórica: «Defender los recursos naturales (agua, tierras, fauna, flora, aire) es defender la vida. El derecho a la vida en nuestra Constitución es de primer orden, porque es inherente a la persona humana, de la cual se desprenden todos los derechos. Sin vida no hay derecho patrimonial. Y resulta inconstitucional pretender colocar el derecho patrimonial por sobre la vida».

Desde la misma asamblea, Lorella Secco pone el acento en la resistencia histórica de las comunidades: «Organización y acción en defensa ambiental es señal de que, aunque durante siglos han buscado colonizar y expropiar los territorios, desplazando y desalojando a sus comunidades, no lograron expropiarnos el saber ser en comunidad, como sabe serlo la Pacha. Es señal de que no hay capital que alcance para privatizarnos y quitarnos el poder de la sensibilidad y la ternura de sabernos siendo el paisaje, el territorio, y no la mercancía. Somos de la tierra. Los capitales ven el territorio como negocio y mercancía. Nosotras lo vemos como casa, identidad, comunidad y derecho a la vida».

Graciela Peña, de la Asamblea Ciudadana Bosque Vulpiani, vincula la fecha con un llamado a la acción intergeneracional: «La ceremonia de la Pachamama me llama a la conexión con la raíz, a agradecer todo lo que nos brinda la tierra. Defender los bienes comunes es una invitación colectiva a accionar hoy, en honor a nuestros ancestros y para las futuras generaciones. ¿Cómo? Ese accionar puede ser desde un repudio permanente a las leyes extractivistas, hasta la participación en espacios comunitarios o políticos que debaten y fundamentan un proyecto consonante con las condiciones para un buen vivir de las naciones de nuestra Latinoamérica».

Pamela Mackey, también de la Asamblea por el Agua del Nordeste de San Luis, cerró poniendo el foco en el costo personal de sostener esa militancia: «Las mujeres defensoras de la Pachamama somos valientes, muy valientes, porque hay que bancársela: que te escrachen, que te difamen, que no consigas laburo. Y esos son los mecanismos que organismos de derechos humanos vienen documentando en toda la región, mecanismos que buscan desactivar la defensa del territorio. El Acuerdo de Escazú obliga al Estado a garantizarnos condiciones seguras, pero en el territorio esa protección casi nunca se cumple. En San Luis, con el RIPEE dándole al Ejecutivo facultades para disponer de tierras fiscales, y a nivel nacional, con Milei buscando facilitar desalojos y la extranjerización de tierras, más que nunca hay que defender los bienes comunes, y hacerlo de manera colectiva. Por eso es fundamental la participación ciudadana para definir cómo queremos que sea el territorio que habitamos».

Los testimonios coinciden en un punto central: lo que está en juego es la definición misma de qué es la tierra —casa, identidad y derecho a la vida, o negocio y mercancía— y quién tiene poder de decisión sobre ella. El próximo jueves 6 de agosto, el Senado nacional tratará la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada junto al proyecto de Falsas Denuncias impulsado por la senadora radical Carolina Losada, que organizaciones feministas vienen cuestionando por desalentar las denuncias por violencia de género. Ambas iniciativas comparten una misma lógica: la de convertir la propiedad privada en un bien inviolable mientras los cuerpos y los territorios quedan cada vez más expuestos al despojo. Por eso, en San Luis y en todo el país se movilizará ese día, para exigir que la voz del pueblo no quede afuera de una decisión que compromete el territorio, el agua y el futuro de las próximas generaciones. La invitación es a sumarse, a estar y a defender, una vez más y de manera colectiva, lo que es de todes.