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Planes sociales y precarización en aumento

Desde inicios de febrero, organizaciones sociales y partidos políticos de San Luis comenzaron a visibilizar que cientos de trabajadorxs del Plan Solidario de la provincia fueron notificadxs de la baja en dicho beneficio.

El argumento del Ministerio de Desarrollo de la provincia fue la incompatibilidad con el programa nacional Potenciar Trabajo. Así, funcionarixs de esa cartera comenzaron a llamar a lxs trabajadorxs para anunciarles la desvinculación del Plan Solidario. Sin aviso previo, dejaban a un significativo número de familias de estrato popular de San Luis al borde de la indigencia.

El día miércoles 09, las organizaciones sociales emitieron un comunicado en repudio a la medida. “Denunciamos el avance del ajuste social por parte del gobierno de la provincia de San Luis con el despido anunciado de cientos de trabajadores y trabajadoras del Plan Solidario en un momento económico de enorme exigencia para las familias puntanas”. Y continuaban: “sorpresivamente, muchxs de lxs trabajadores y trabajadoras que cuentan como único ingreso el plan solidario provincial y el plan potenciar nacional (38 mil pesos en total) son víctimas de un brutal ajuste que los deja sin ese precario ingreso, indispensable para la vida de sus familias”.

Ese mismo día, las organizaciones que emitieron el comunicado -Movimiento Evita, Corriente Clasista Combativa (CCC), Libres del Sur, Movimiento Territorial Liberación (MTL), Partido Comunista, Octubres, Lealtad Sanluiseña, TIERRA TECHO Y TRABAJO,
Federación Juvenil Comunista (FJC), Frente Popular Darío Santillan, Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP), Movimiento Patriótico de Liberación (MPL), Central de Trabajadores de la Argentina (CTA)- se hicieron presente en las puertas del Ministerio de Desarrollo provincial. Allí, pudieron mantener un breve diálogo con el ministro Nicolás Anzulovich, quien manifestó que no han sido bajas sino suspensiones del Plan. “El ministro planteó que están cruzando datos. Nosotrxs le planteamos que hay una situación desde hace años de suspensiones y que ahora queremos que se levanten las suspensiones”, detalló Arturo Gomez, integrante del Frente Popular Dario Santillan, luego del encuentro con el ministro.

A la espera de respuestas positivas, las organizaciones volvieron a movilizarse el jueves 10, para exigir el cese de bajas y la inmediata reincorporación de todxs lxs trabajadorxs. La respuesta por parte del Ministerio de Desarrollo provincial fue que se levanta la suspensión de todas las personas pero van a tener que elegir entre un plan u otro.

Es evidente que el gobierno provincial entiende que una familia puede vivir con un ingreso de $22.000 que es el del plan de la provincia, o con uno de $16.000 que es el de la nación. Y así, se perpetúa la precarización laboral dibujando cifras de alto empleo en San Luis, que en realidad son planes sociales sin aportes jubilatorios.

Pasó la campaña electoral del 2021 y las promesas se diluyeron en bajas en los planes, amedrentamientos y amenazas. Así, pretende del gobierno provincial continuar con sus slogans acerca de San Luis como la provincia “mejor administrada”, que es “otro país” o que “no tiene pobreza”. Pero esto no es más que una cortina de humo en una provincia donde la precarización laboral crece día a día.

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