Ante el odio, organización: el movimiento lesbofeminista lleva el triple lesbicidio de Barracas a juicio oral
A dos años del 6 de mayo de 2024, el triple lesbicidio de Barracas llega finalmente a la instancia de juicio oral. Pamela Fabiana Cobos, Roxana Figueroa y Andrea Amarante fueron asesinadas en un incendio intencional en una habitación de pensión del barrio porteño. Sofía Castro Riglos, pareja de Andrea, fue la única sobreviviente.
Mientras el poder judicial lo caratulada como incendio y el vocero presidencial decía que no le gustaba «definirlo como un atentado hacia un determinado grupo», las organizaciones LGBT+, los movimientos de lesbianas, feministas y organismos de derechos humanos no cedieron: esto no fue un hecho aislado. Fue un crimen de odio. Fue un lesbicidio. Y hoy, dos años después, esa verdad entra a un tribunal.
Este lunes 18, el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N°5 de Capital Federal, presidido por el juez Adrián Augusto Pérez Lance, inicia un proceso que excede el expediente penal. Es el juicio a una sociedad que tolera, justifica y reproduce la violencia hacia las lesbianas.
Una comunidad organizada contra el abandono
La Coordinadora Lesbicidios Nunca Más —nacida al calor de las asambleas en la Facultad de Sociales de la UBA— convoca este lunes 18 de mayo a una jornada de lucha y visibilización en Plaza Tribunales de CABA de 9 a 18 horas, con radio abierta, artistas, deporte y activismo.
Su comunicado publicado en el instagram homónimo describe lo que el expediente judicial no alcanza a nombrar del todo: «Las cuatro habían formado una comunidad amorosa con la que sobrellevaban la vida en una ciudad que, a pesar de ser rica, le niega el derecho a la vivienda a miles de feminidades».
Que este juicio llegue con la fortaleza que tiene es resultado directo del trabajo sostenido de las organizaciones que pusieron el cuerpo y la inteligencia jurídica donde el Estado falló.
La Federación Argentina de Lesbianas, Gays, Bisexuales y Trans (FALGBT) participa como querellante institucional en lo que constituye un hito: es la primera vez que la Federación actúa como parte activa en un proceso penal. Hasta ahora, su intervención se limitaba a presentaciones como amicus curiae. Ese camino no fue sencillo ya que inicialmente fue rechazada por el juez de instrucción y por la cámara de apelaciones, la FALGBT llegó al Tribunal de Casación Penal, que en diciembre de 2024 habilitó su intervención. El argumento fue que un crimen de odio no afecta solo a las víctimas directas sino a todo el colectivo al que pertenecen.
La querella de organizaciones es representada por la abogada Samanta Pedrozo, integrante del equipo de abogades que conforman la querella de la FALGBT, quien explicó en diferentes medios de comunicación, el sentido político de la participación: «Queremos representar a todo el colectivo y asegurarnos de que el resultado de este juicio sea un precedente». Y fue más lejos aún: «En caso de que lo logremos vamos a tener uno de los primeros fallos en cuanto crímenes de odio hacia la población lésbica. Va a servir no solamente para hacer justicia en este caso, sino también para poder orientar judicialmente a otros casos similares».
Ser querellante implica presentar pruebas, formular acusaciones, acusar. Implica presencia, disputa y poder en el proceso. Este reconocimiento no es menor. Que una organización de la sociedad civil pueda representar intereses colectivos —algo que se venía rechazando sistemáticamente— es un precedente que abre camino.
La abogada Luciana Sánchez representa a Sofía Castro Riglos, pareja de Andrea, e impulsa el reconocimiento del vínculo entre ambas como parte central del proceso. La querella de Sofía buscará que el crimen sea calificado como femicidio y también como lesbicidio.
Que el Estado reconozca esto es afirmar que esas vidas valían, que ese amor existió y que debió ser protegido.
La Defensoría Pública de Víctima, por su parte, representa al hermano de Pamela y al hijo de Roxana.
Las organizaciones feministas y LGBT+ que acompañan el juicio señalan que el proceso tiene cinco jornadas distribuidas entre junio y julio. Su presencia en las audiencias es fundamental como recordatorio de que la sociedad civil observa y exige justicia.
El Estado que habilitó el odio: Milei y la violencia estructural
El crimen se cometió en un contexto político específico que no puede ignorarse. La Coordinadora Lesbicidios Nunca Más lo enuncia sin rodeos en su convocatoria: “Andrea, Pamela, Roxana y Sofía fueron víctimas de un ataque lesboodiante por parte de Fernando Barrientos, un vecino de la pensión en que vivían en el barrio de Barracas en Bs. As., en mayo de 2024. El hecho no fue aislado del contexto: cuando sucedió hacía sólo seis meses que Javier Milei había asumido la presidencia, lugar desde el cual promovió y promueve discursos de odio y políticas de crueldad hacia mujeres, lesbianas, travestis, trans y maricas».
Un mes antes del crimen había cerrado el Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad. Tanto Andrea como Sofía estaban siendo acompañadas por el programa Acompañar —política pública de asistencia a víctimas de violencia de género— que el gobierno de Milei desmanteló.
Los discursos de odio no son retórica inocente. Preceden el pasaje a la violencia física porque la justifican. Lo que produce ese tipo de discurso —desde los más altos cargos del Estado— es un mensaje preciso sobre la existencia de vidas que valen menos. Hay cuerpos que hacen daño a la sociedad. Y si hacen daño, puede haber quienes sientan que está bien eliminarlos. Es la lógica de la peste, del exterminio del «pueblo desviado», actualizada con nuevas palabras y nuevas tribunas.
La violencia que sufrieron Sofía y Andrea no comenzó la noche del incendio. En los paradores de la Ciudad de Buenos Aires y en Neuquén, no les permitían dormir juntas. El subsidio de vivienda se otorgaba a una sola. Se intentó internarlas compulsivamente en un hospital psiquiátrico, no por ninguna conducta peligrosa, sino porque eran lesbianas. El Estado las había declarado sujetas peligrosas.
La Coordinadora lo nombra en su convocatoria como parte inescindible del contexto: «Ante la exclusión, el odio y la crueldad, la Coordinadora llama a movilizarse en el inicio del juicio para que el crimen sea juzgado como ‘crimen de odio, lesbicidio’ y para ponerle un freno a las políticas de Milei”.
El crimen de odio y la batalla jurídica por nombrarlo
El imputado es Justo Fernando Barrientos. Las querellas buscan que la calificación legal incorpore el artículo 80 inciso 4° del Código Penal: homicidio agravado por odio a la orientación sexual. Pedrozo es contundente al respecto: «Hay elementos que surgen del expediente, de testimonios de vecinos y demás, que nos llevan a concluir que el hecho fue motivado por el odio. En primer lugar, porque es lo que pasó: tenemos una persona que atacó a un grupo de personas por su forma de vida, por su orientación sexual y proyecto de vida. El segundo motivo es porque este crimen no es aislado. Tiene que ver con un problema estructural y colectivo».
No se trata de establecer si el imputado «odiaba a las lesbianas» como sentimiento declarado. Se trata de los prejuicios estructurales que existen hacia quienes son —o son percibidas como— lesbianas. Los prejuicios que motivaron el crimen son los mismos que circulan socialmente. Los discursos de justificación que aparecieron después del crimen en medios y redes sociales dan cuenta de esa complicidad.
De las cuatro mujeres presentes esa noche, la intención era matar a las cuatro. Sofía sobrevivió, pero no por falta de voluntad del agresor. Por eso el reconocimiento de su vínculo con Andrea es inseparable del proceso: todo lo que vivieron juntas tiene valor. Debe ser reconocido y debió haber sido protegido.
No hay dudas sobre la existencia del delito. Sí las hay sobre cómo fue investigado. La Coordinadora Lesbicidios Nunca Más recuerda que la disputa comenzó desde el primer momento: «A este crimen se lo intentó pasar como incendio accidental. Y fue una primera lucha demostrar que hubo alevosía y que fue un ataque”.
La escena fue tratada inicialmente como un incendio común. No se preservó la evidencia. El lugar fue entregado el mismo día. Las personas que debían declarar —en situación de vulnerabilidad extrema, con discapacidades, en condiciones precarias de vivienda— no recibieron el cuidado ni las condiciones adecuadas para hacerlo. La falta de preservación de la prueba no es un error técnico sino una decisión política sobre qué vidas merecen una investigación rigurosa.
Este crimen no sucedió en el vacío. Después del triple lesbicidio de Barracas se dieron situaciones similares con elementos análogos. El patrón existe. El sistema judicial tiene la responsabilidad de nombrarlo.
Por eso, este lunes 18 de mayo, primera jornada del juicio oral, la Coordinadora Lesbicidios Nunca Más convoca a rodear los tribunales de CABA y hacer visible la demanda: «Nos encontramos el 18/5 de 9 a 18hs en la jornada donde habrá radio abierta, artistas, deporte y activismo. ¡Lesbicidios Nunca Más! ¡Justicia por Andrea, Pamela, Roxana y Sofía! ¡Reparación Ya!».
