Matrimonio igualitario: 16 años de una ley que hay que seguir defendiendo

Argentina fue el primer país de América Latina y el décimo del mundo en reconocer el matrimonio entre personas del mismo sexo. Dieciséis años después, el colectivo LGBTTTQ+ vuelve a poner el cuerpo para sostener un derecho que los sectores ultraconservadores intentan poner en discusión.

Sancionada un día como hoy hace dieciséis años, el Senado de la Nación Argentina aprobó la Ley de Matrimonio Igualitario N° 26.618 con 33 votos afirmativos, 27 negativos y 3 abstenciones. Entre el frío, la plaza llena y los hogares pendientes de la transmisión, cada lugar estalló de emoción, de alegría y también de angustia acumulada cuando se escuchó que estaba aprobada la ley de matrimonio igualitario.

El colectivo LGBTTTQ+ argentino sabía que este nuevo derecho adquirido permitiría dejarles una pensión a sus seres queridos, compartir una obra social o el derecho a la herencia si al fallecer une de les miembrxs tuviera una propiedad. Básicamente, que si une de les integrantes de la pareja muere, la otra persona no quede en la calle, como solía pasar.

Lo principal en ese momento era el reconocimiento de la igualdad por parte del Estado. Una herramienta clave para seguir trabajando contra la discriminación y la violencia que todavía viven las personas LGBTTTQ+ en Argentina y en el mundo.

En esa madrugada arcoíris del 15 de julio de 2010, y con una de las sesiones más extensas en la historia del Congreso, se marcó un hito en la lucha por la igualdad y los derechos humanos en el país. La ley fue el resultado de un largo trabajo conjunto entre organizaciones sociales, políticas y la comunidad LGTB+, todas unidas bajo la consigna: «el mismo amor, los mismos derechos».

Su aprobación fue el resultado de muchos años de militancia por los derechos del colectivo LGBTTTIQNB+ y de la decisión política del gobierno de turno, en ese momento encabezado por Cristina Fernández de Kirchner.

Esa ley convertía a Argentina en un país más igualitario, más justo, digno y más lindo de vivir.

Desde sus orígenes, la Comunidad Homosexual Argentina (CHA) tenía otras prioridades, como la vivienda y la salud, entre otras cosas, pero a partir de las experiencias de parejas de militantes del colectivo LGBTTTQ+ que enfrentaban el contexto del VIH, empezaron a plantearse que el reconocimiento legal de pareja era un tema realmente necesario. Y así fue, año tras año de lucha, para ser un poquito más iguales, más justes.

El recorrido hacia la sanción tuvo antecedentes tanto legislativos como jurisprudenciales. En 2002, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires aprobó la Ley de Uniones Civiles, bajo la figura de unión convivencial en el Código Civil y Comercial, que requería: ser mayor de edad, no tener relación de parentesco, no estar casade y acreditar al menos 2 años de convivencia. Esta ley fue criticada por ser un parche insuficiente para abordar integralmente la problemática que estaba a flor de piel.

En el ámbito judicial, diversas acciones de amparo se presentaron para declarar inconstitucionales las normas que impedían el matrimonio entre personas del mismo sexo. En 2007, María Rachid, entonces presidenta de la Federación Argentina LGBT (FALGBT), presentó junto a su pareja el primer amparo, y en 2009 se dictó el fallo «Freyre Alejandro c/GCBA sobre amparo», que declaró la inconstitucionalidad de los artículos 172 y 188 del Código Civil, permitiendo así la celebración del primer matrimonio igualitario en Argentina.

La Ley 26.618 también protege a las infancias: además de la igualdad, resguarda jurídicamente a los hijos e hijas que ya tenían cientos de miles de parejas de lesbianas, gays, bisexuales y trans. Lo que pasaba es que, jurídicamente, quien tenía la tutela legal sobre esa niñez era una sola de esas dos personas adultas. O sea, si fallecía quien tenía la adopción, no necesariamente quedaba a cargo de la otra persona: dependía del juzgado, y en general no pasaba eso, sino que volvían a hogares de niñes. Esa desprotección jurídica se repetía con la obra social.

Amor de lesbianas y una larga espera

Muchos casos emblemáticos surgen en torno al recorrido que allanó el camino hacia la ley de matrimonio igualitario en Argentina, pero uno que llega hondo al corazón es el de Norma y Cachita.

A sus 67 años, Norma Castillo y Ramona «Cachita» Arévalo pasaron por el registro civil después de esperar «30 años, 5 meses y 12 días» para ese momento. Su aporte fue fundamental para visibilizar el amor y los vínculos de pareja de mujeres y lesbianas adultas mayores. Cuando se casaron, aún no había sido aprobada la Ley de Matrimonio Igualitario, y ellas pudieron hacerlo por un fallo judicial que las autorizó. Tras hacer historia, Cachita dijo: «Queremos que salga la ley para que nadie más tenga que ir a la Justicia para casarse».

La primera vez que se vieron fue en 1971, las dos con 28 años y las dos casadas con hombres. El chispazo inicial pasó inadvertido. Ni ellas lo notaron. Era impensado por entonces. Debieron pasar ocho años para que coincidieran en un nuevo encuentro: Norma ya viuda, Cachita ya separada. Estuvieron 20 años de novias, hasta que la salud y la vejez hicieron que la idea de matrimonio revoloteara en sus cabezas.

En 2000 volvieron a Argentina y Norma retomó su militancia, esta vez enfocada en los derechos a la diversidad sexual. Como primera medida, la pareja concretó la unión civil, que establecía la posibilidad de convivencia legal pero no el matrimonio. Se quisieron casar, pidieron fecha y recibieron el primer revés judicial. Siguieron su lucha, su reconocimiento ante la sociedad, se acuerparon colectivamente junto al colectivo LGBTTTQ+ y, tras más de 30 años de amor, el 9 de abril de 2010 concretaron su anhelado matrimonio.

Un impulso para más derechos

Con la Ley de Matrimonio Igualitario se impulsó después una gran cantidad de posicionamientos y de nuevos derechos por conseguir, como lo fue, dos años después, en 2012, la Ley 26.743 de Identidad de Género, que nuevamente ubicó al país como referencia internacional y transformó las condiciones de vida de las personas trans, travestis y no binaries. Esta ley garantiza a toda persona el derecho al reconocimiento de su identidad de género autopercibida y a ser tratada de acuerdo a ella.

Otra conquista histórica del colectivo travesti trans fue en 2021, cuando se sancionó la Ley 27.636 de Cupo Laboral Travesti Trans, que establece que al menos el 1% de los cargos y puestos del Estado nacional deben ser ocupados por personas travestis, transexuales y transgénero, garantizando su acceso al empleo público en condiciones de igualdad.

También se concretó, a través del Decreto 476/2021, la posibilidad de optar por la nomenclatura «X» en el DNI y el pasaporte, para reconocer identidades de género por fuera del binomio masculino/femenino. Esto amplió los derechos reconocidos por la Ley de Identidad de Género (26.743).

Una ley que hay que defender día a día

Los ataques a la comunidad LGBT por parte del gobierno de Javier Milei son muchos y constantes. Todos se enmarcan en el argumento de la «ideología de género» y la «agenda woke».

El más violento fue el discurso de Davos, en el que relacionó a las personas LGBT con la pedofilia. Ese discurso fue rechazado por una multitudinaria marcha que se replicó en todo el país. No es casual que la primera gran movilización contra el gobierno de extrema derecha de Javier Milei haya sido en respuesta al discurso de Davos, impulsada por el colectivo LGBTTTQ+. Fue un quiebre.

La sociedad no es boba cuando se trata de derechos e igualdad. El presidente ha reducido conceptos como la homofobia y la transfobia a «inventos» creados con fines de victimización o para silenciar a quienes critican la agenda progresista. La eliminación del lenguaje inclusivo y de áreas de género son apenas algunas de las tantas cosas que este gobierno hizo en estos años de gestión.

Sin nombrar los números elevados de desocupación que se generaron, la hambruna que crece día a día, los recortes en salud y en educación. Los decretos a través del famoso DNU, donde se vio reflejado el beneficio a grandes empresas privadas para la extracción de bienes comunes, como el RIGI o el decreto de alquileres a viviendas. Y la lista sigue, y sigue en retroceso para el pueblo cuando hablamos de derechos.

Hoy celebramos 16 años de matrimonio igualitario. Celebramos la igualdad de derechos y los beneficios que eso genera para quienes están legalmente casades.