«Las falsas denuncias ya están normadas», la activista Gabriela Nieva Larcher denuncia la mentira detrás del proyecto de la senadora Losada
El proyecto de ley impulsado por la senadora Carolina Losada para agravar las penas ante supuestas «falsas denuncias» de violencia de género y abuso sexual ya tiene dictamen favorable de la Comisión de Justicia y Asuntos Penales del Senado de la Nación. Lo que en su momento pareció una iniciativa pasajera —y que mereció una cobertura mediática fugaz— sigue vivo, enquistado en la agenda parlamentaria y, peor aún, instalado en el imaginario colectivo como si respondiera a un problema real.
Desde Catamarca, Gabriela Nieva Larcher, integrante de la Campaña Federal Contra el Abuso Sexual y el Falso SAP, analiza con precisión el entramado político, jurídico y simbólico que sostiene esta ofensiva.
El contexto no es menor. A diez años del primer Ni Una Menos, el movimiento de mujeres, lesbianas, travestis, trans y no binaries se encuentra en una encrucijada inédita ya que en lugar de profundizar la agenda de derechos alcanzados, debe salir a defenderlos ante un retroceso sin precedentes.
La gestión de Javier Milei desmanteló políticas de género, recortó presupuestos y habilitó un clima político donde proyectos como el de Losada encuentran tierra fértil. Todo ello mientras, según datos de el Equipo Latinoamericano de Justicia y Género ELA, apenas una de cada cuatro mujeres denuncia situaciones de violencia de género, y en los casos de violencia sexual esa proporción cae al diez por ciento. El sistema judicial no está saturado de denuncias falsas, está saturado de impunidad.
Un mito construido con aparato estatal
El primer nudo del problema es la mentira. Gabriela Nieva Larcher no duda en nombrarlo así. El proyecto de Losada —que establece penas de tres a seis años para quienes denuncien «falsamente» hechos vinculados a violencia de género o abuso sexual contra niñeces y adolescencias— no viene a llenar ningún vacío legal. La figura de la falsa denuncia ya existe en el ordenamiento jurídico argentino desde 1949, contemplada en el artículo 245 del Código Penal, y aplica a la totalidad de los delitos. Lo nuevo y alarmante es que esta propuesta la recorta y la focaliza exclusivamente sobre las denuncias de violencia sexual y de género.
«Fíjense ustedes que este proyecto que busca endurecer las penas ante falsas denuncias está dirigido específicamente a aquellas denuncias que hacen relación a lo que es violencia de género y violencia sexual hacia niños, niñas y adolescentes», señala Nieva Larcher, y agrega: «Se produce lo que nosotras denominamos una inflación legislativa porque buscan lo que ya está normado».
Los datos internacionales refuerzan lo que el movimiento feminista viene sosteniendo. En España, un relevamiento del Consejo de Estado sobre más de un millón de casos entre 2009 y 2021 arrojó que las denuncias falsas por violencia de género representaron apenas el 0,0084% del total. En Argentina, las estimaciones generales ubican las falsas denuncias de cualquier tipo de delito por debajo del uno por ciento, y en su mayoría corresponden a delitos económicos. Respecto del abuso sexual contra infancias y adolescencias, la denuncia presentada ante la justicia federal por un amplio arco de referentes de derechos humanos señala que no existe un solo caso documentado.
Sin embargo, la maquinaria mediática y política del oficialismo logró instalar el mito. «Cómo han tergiversado y cómo usan las estrategias argumentativas para dar vuelta a la información e instalar un tema falso en la opinión pública. Ahí está el aparato del Estado puesto a disposición de estos objetivos», denuncia Nieva Larcher. Y apunta a algo que no es casual: nadie está hablando de falsas denuncias por robo a mano armada ni por violación de la propiedad privada. El tópico se recorta quirúrgicamente sobre los delitos que afectan a mujeres, niñeces y diversidades. «Viene muy remanido el asunto, viene muy caprichoso. Por decirlo de manera elegante», sentencia.
La operación no es nueva pero adquiere en este contexto una brutalidad particular. Se reactivan figuras como la «mala víctima», la «madre manipuladora» o el Síndrome de Alienación Parental (SAP), una construcción sin respaldo científico que invierte la carga de la prueba y que lleva décadas siendo utilizada para desacreditar a madres que intentan proteger a sus hijes. A esto se suma un punto que el sistema judicial suele omitir: la falta de condena no equivale a falsedad de la denuncia. Muchas causas no prosperan por las enormes dificultades probatorias que implican los delitos que ocurren en la intimidad y en relaciones de poder asimétricas.
El entramado detrás de Losada: quiénes, para qué y a qué costo
Nombrar a quienes rodean a la senadora es también parte del análisis político que propone Nieva Larcher ya que permite entender la orientación y el sentido de esta avanzada. El senador Juan Carlos Pagotto —coimpulsador del proyecto— tiene una trayectoria como defensor de agresores sexuales y llegó a declarar públicamente, desde su banca, que consideraba aceptable que padres «vendieran» a sus hijes. El exministro Mariano Cúneo Libarona, también mencionado en la denuncia penal presentada ante la justicia federal, tiene pendiente dar explicaciones sobre la muerte de su exesposa. Y entre las figuras que desfilan por el despacho de Losada aparece Diego Guacci, exentrenador de la Selección Argentina de fútbol femenino, sobre quien las denunciantes no resultaron ejercer ninguna falsa denuncia.
«Fíjense el grado de perversidad que hay no solo detrás de esta iniciativa, sino también de quienes la acompañan», afirma Nieva Larcher, quien traza además una línea de continuidad con el proyecto que impulsó Lilia Lemoine para perseguir a comunicadores y comunicadoras que informaran sobre estas causas. «Es gravísimo esto porque de una manera u otra también implica una ley mordaza hacia el periodismo, donde muchas veces nosotras que estamos en estas luchas sabemos que a través del periodismo, a través de las redes sociales hemos logrado poner en visibilidad muchas injusticias».
La dimensión del daño que este proyecto causaría no se limita a las víctimas directas. Afecta también a quienes colaboran técnicamente con la justicia: pediatras, psicólogues, médiques ginecólogues, trabajadores y trabajadoras sociales, docentes. Todes elles quedarían expuestes a ser alcanzados por la figura de «cómplices» de una falsa denuncia, lo que produciría un efecto disuasivo inmediato. El exjuez federal Carlos Rozanski, uno de les firmantes de la denuncia penal contra Losada, fue contundente al respecto ya que sin informes técnicos, nadie puede ser condenado. Con profesionales atemorizades, no hay atención ni informes. El resultado es previsible: menos denuncias, más impunidad.
Nieva Larcher nombra este fenómeno con un concepto preciso: backlash. «La persecución que se hace hacia profesionales de diversas disciplinas que prestan su conocimiento para esclarecer o para ayudar a la justicia a esclarecer estos hechos de violencia, específicamente cuando se produjeron en agresión hacia los niños».
Frente a esta ofensiva, la respuesta de la sociedad civil no tardó en organizarse. Un amplio arco de referentes —encabezado por Rozanski, la psicóloga y periodista Liliana Hendel y la socióloga Dora Barrancos, junto a decenas de firmantes del campo de los derechos humanos— presentó una denuncia penal ante la justicia federal. Los delitos imputados a Losada incluyen coacciones, encubrimiento agravado, apología del crimen, violación de los deberes de funcionaria pública y abuso de autoridad. La maniobra, según el documento, opera en simultáneo en Buenos Aires y Santa Fe pero tiene efectos en todo el país.
«La articulación de la sociedad civil frente a esta avanzada antiderechos es el saldo positivo dentro de todo lo que podemos analizar», valora Nieva Larcher. Y convoca: «Hasta el día en que este proyecto sea tratado en el Congreso de la Nación, creo que como sociedad tenemos que poner en juego todas las herramientas posibles para hacerle saber a nuestros representantes que esto nos daña, nos lacera y que no estamos de acuerdo. El único soberano es el pueblo. Ese es el poder que tenemos como ciudadanos».
La Organización de las Naciones Unidas, a través del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW), ya expresó su preocupación por la proliferación de este tipo de iniciativas parlamentarias en la región. Aprobar este proyecto implicaría poner a Argentina en contradicción directa con la Convención de Belém do Pará y con la Convención sobre los Derechos del Niño, dos tratados internacionales de jerarquía constitucional. En este sentido, la aprobación del proyecto de Losada sería, en palabras de Nieva Larcher, «un bochorno político pero también un bochorno jurídico».
Ante esto, cabe preguntar qué hace el Estado con quienes se animan a denunciar, quiénes merecen protección y quiénes quedan expuestes. En esa disputa, cuarenta años de logros feministas pesan. Y también, como recuerda Nieva Larcher, pesa la memoria: «En los años que llevamos luchando por la ampliación de derechos humanos, es la primera vez que vemos circunstancias como estas».
Escuchá la entrevista completa a Gabriela Nieva Lrchar acá:
