Concejo Deliberante de San Luis en avanzada transodiante

No hay dudas, la ciudad de San Luis está frente a un Concejo Deliberante autoritario y transodiante. Un Concejo liderado por un oficialismo que ante la menor acción que no responde a sus intereses, trunca la sesión y llama a la policía para reprimir a les puntanes que se acercan a ejercer sus derechos.

En el día de hoy, jueves 11 de abril, la presidenta del Concejo Deliberante puntano, Agustina Arancibia Rodríguez, solicitó a la policía que desaloje a las compañeras trans que se encontraban en el recinto. “Por favor, retirenlas”, indicó sin titubear ante las compañeras trans que exigían el cumplimiento de sus derechos y alzaban la voz ante un suceso de violencia, otra vez, de la mano del Estado.

Fueron les concejales de la oposición, integrantes del bloque del PJ, quienes impidieron la represión policial haciendo una cadena humana para impedir que desalojaran a las activistas trans.

El hecho que suscitó controversia, es la negativa del bloque oficialista a tratar el proyecto de sanción administrativamente a Adriana Garro, Jefa de Recursos Humanos del Área de Recolección de la Municipalidad de San Luis, quien discriminara a una trabajadora municipal despedida, Karla Heredia, con frases transodiantes. También se le negó a Heredia la posibilidad de expresarse en el recinto, para manifestar las arbitrarias situaciones que viene atravesando.

La solicitud de otorgarle la palabra a Heredia fue realizada por el concejal del PJ, Alejandro Cordido, pero al instante, la concejala oficialista Lisbet Huatay pidió se le denegara la palabra a la compañera trans, para evitar que el Concejo se transforme, según la citada concejala, en un “circo romano”.

“Nosotros responsablemente no podemos permitir que esta situación sea utilizada políticamente para generar más división en la sociedad convirtiendo este recinto en un circo romano, desvirtuando el verdadero cometido del cuerpo legislativo y el funcionamiento de las comisiones, por ello voy a realizar dos mociones de orden, [… ] primero que el proyecto en cuestión vuelva a comisión y en segundo lugar […], mocionó el cierre del debate”, leyó Huatay al tiempo que las activistas trans se miraban estupefactas por semejante calificativo que se les brindaba.

Sobre la funcionaria transodiante, Adriana Garro

Los dichos de la funcionaria municipal, Adriana Garro, encargada de Recursos Humanos de la Dirección de Residuos de la Municipalidad se conocieron cuando, hace unas pocas semanas, se viralizó un video donde además de amedrentar a les trabajadores municipales para que no hicieran paro ante lo ola recortadora del intendente Gastón Hissa, se referiera de manera despectiva y transodiante hacia Karla Heredia.

Ante esto, el pasado jueves 4 de abril, el Concejo Deliberante votó tratar en comisión el repudio a los dichos de la funcionaria sobre Heredia. Pero les concejales oficialistas no se presentaron en la comisión, por lo que este jueves 11, el concejal Cordido solicitó nuevamente el tratamiento del tema en cuestión. Tratamiento que no avanzó, otra vez, por la negativa del oficialismo.

Para mas info de esa jornada, leé la nota bullera acá.

Concejo oficialista transodiante

El oficialismo del Concejo Deliberante puntano parece desconocer legislaciones nacionales e internacionales ligadas a los derechos de las personas de la comunidad lgbt+, entre ellas las personas trans.

El Estado, en todos sus niveles, está obligado a cumplir con la Ley 26.743, conocida como la «Ley de Identidad de Género, que permite a las personas modificar su nombre y género en documentos de identidad, así como acceder a tratamientos médicos y quirúrgicos relacionados con su identidad de género de manera gratuita a través del sistema de salud público.

Por su parte, la Ley Antidiscriminatoria (Ley 23.592), prohíbe y sanciona cualquier forma de discriminación basada en motivos como raza, religión, nacionalidad, ideología, opinión política o gremial, sexo, orientación sexual, identidad de género, entre otros.

A nivel municipal, se encuentra vigente la Ordenanza N° II- 0850-2018 (3545/2018), que establece en su articulo 7 indica: «Se aplicará en el ámbito del Municipio de la Ciudad de San Luis y en cada una de sus dependencias, áreas y/o administraciones (ejecutivo, Concejo Deliberante, Juzgado de Faltas, etc.) el CUPO LABORAL TRANS, que implica la obligatoriedad de incluir a personas trans (travestis, transexuales y trans género) en una porción no inferior al 5% de la totalidad de su personal autorizado, que reúnan las condiciones de idoneidad para el cargo establecido, conforme las previsiones legales vigentes con el fin de promover la igualdad efectiva de oportunidades en el empleo público municipal, entendiendo que toda persona trans tiene derecho al trabajo digno y productivo, a condiciones equitativas de trabajo y a la protección contra el desempleo, a la cobertura de salud, sin sufrir discriminación a causa de su identidad de género.»

Estas legislaciones nacionales y locales no dependen del capricho particular de les funcionaries de turno, sino que deben cumplirse y hacerse cumplir. En esa tarea están las mismísimas afectadas, las mujeres trans de San Luis, que otra vez y como cada día, le ponen el cuerpo a las opresiones. En esta ocasión, luchan por desnudar la opresión que está ejerciendo el Estado, organismo que debería velar por sus derechos.